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¿Por qué es un Centro especializado en Justicia para las Mujeres?

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Las mujeres constituyen más del 50% de la población en México; son víctimas de algunos delitos de manera desproporcionada y enfrentan obstáculos específicos para acceder a la justicia.

Los delitos específicos que afectan de manera desproporcionada a las mujeres y niñas son, entre otros: la violencia intrafamiliar, el hostigamiento y acoso sexual, el abuso y violencia sexual, la explotación sexual y la trata de personas. Estos delitos de violencia contra la mujer se caracterizan por altos niveles de impunidad, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Las dificultades para que las mujeres accedan a la justicia han merecido informes, recomendaciones específicas de organismos internacionales, e incluso sentencias condenatorias por parte de tribunales internacionales.

El comité de expertas de la Convención para Prevenir y Eliminar  Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU recomendó en su último informe al Estado Mexicano  “mejorar el acceso de las víctimas a la justicia y  garantizar que sistemáticamente se imponga un castigo efectivo a los culpables y que las víctimas se puedan beneficiar de programas de protección”

Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) observó, “la baja utilización del sistema de justicia por parte de las mujeres víctimas de violencia ¹” en razón del maltrato que pueden recibir al intentar  acceder a recursos judiciales y de la desconfianza de que las instancias judiciales sean capaces de remediar los hechos perpetrados. No obstante, cuando las mujeres superan todos estos obstáculos y acuden a las instancias gubernamentales correspondientes; el acceso a las justicia no les es garantizado. Al respecto la Comisión sostiene que existen “un número aún ínfimo de (…) sentencias condenatorias que no corresponden al elevado número de denuncias y a la prevalencia del problema ²”

Algunas de las deficiencias que la CIDH observa y que afectan negativamente la investigación de casos de violencia contra las mujeres son:

• falta de investigación de los hechos denunciados, en casos de violencia contra las mujeres;
• retrasos injustificados en las diligencias necesarias por parte de las instancias encargadas de efectuar la investigación;
• vacíos e irregularidades en las diligencias per se que obstaculizan el proceso de juzgamiento y la sanción eventual de los casos;
• falta de recursos económicos y humanos para llevar a cabo investigaciones efectivas, y para poder judicializar y sancionar los casos;
• la ineficacia de los sistemas de justicia para juzgar y sancionar a los perpetradores de actos de violencia contra las mujeres;
• la existencia de patrones socioculturales discriminatorios;
• la consideración de los casos de violencia como no prioritarios y descalificación a las víctimas;
• la falta de obtención de pruebas que resultan claves para el esclarecimiento de los responsables, asignan énfasis exclusivo a las pruebas físicas y testimoniales;
• la falta de abogados de oficio para las víctimas de violencia que no cuentan con recursos económicos;
• la falta de impacto en los programas de capacitación para funcionarias/os que atienden a víctimas de violencia;
• la debilidad de los ministerios públicos así como de las instancias policiales involucradas en la investigación de los delitos; y
• la falta de unidades especiales de fiscales y de la policía con los conocimientos técnicos especiales requeridos para abordar temas de violencia.

Ante estas deficiencias específicas que afectan las investigaciones, el debido proceso y la sanción en casos de violencia contra las mujeres, es necesaria una respuesta integral y coordinada para atender a estas mujeres, con independencia de la familia.

Cualquier mujer o niña que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia pueden acceder al Centro de Justicia para las Mujeres, sin importar si son, abuelas, jóvenes, casadas, solteras, si tienen o no hijas/hijos.

El bien que el Centro de Justicia para las Mujeres tutela es la integridad física y psicológica de todas las mujeres y busca brindarles los recursos judiciales idóneos para que accedan a la justicia, de conformidad con los estándares internacionales.