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Palabras de la Dra. Laura Carrera Lugo durante la Reunión de Trabajo de Organizaciones con Legisladores y Funcionarios, dentro del Foro "Por un México sin Trata de Personas",

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Lic. Omeheira López Reyna, secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial para la Lucha contra la Trata de Personas;
Mtra. Sara Irene Herrerías, titular de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, Fevimtra;
Lic. Cristina Padilla Dieste, directora general adjunta de Equidad de Género y Proyectos Estratégicos para el Desarrollo, de INDESOL;
Lic. Rosalinda Montemayor Romero, directora general de Desarrollo de la Cultura Turística;

Estimadas y estimados representantes de Organizaciones de la Sociedad civil:

La tercera actividad ilícita más lucrativa del mundo basa su éxito en la impunidad de quien esclaviza a otros, sin respetar ninguna frontera ética.

La tercera actividad ilícita más rentable del planeta se alimenta de la vulneración de los derechos humanos de millones de personas.

La realidad que vive a diario una víctima de trata es despiadada: Niños, niñas y jovencitas arrebatadas de sus comunidades para ser comerciadas sexualmente; pequeños obligados a desempeñarse como esclavos hasta el límite de sus fuerzas; gente secuestrada y forzada a desarrollar los trabajos más infames y terribles; personas inermes a quienes se les mutila para vender sus órganos en el mercado negro.

Estoy convencida de que la impunidad legal y social es el combustible que alimenta a la tercera actividad ilícita más redituable de los tiempos modernos.

Mientras no ataquemos esos dos flancos, estableciendo un franco acceso a la justicia por parte de las víctimas, éstas ─las de hoy y las del mañana─ seguirán indefensas ante los predadores.

Cálculos internacionales conservadores expresan que el 60 por ciento de las víctimas en el mundo son mujeres y niñas, muchas de ellas migrantes.

La desigualdad, expresada en ser mujeres y ser migrantes, acrecienta su vulnerabilidad y reduce su posibilidad de acceso a la justicia, orillándolas a continuar en la opacidad de la cifra negra.

Por desgracia, a pesar de que México es un lugar de origen, tránsito y destino de trata de personas, el delito es muy escasamente denunciado; aún no contamos con estadísticas actualizadas precisas y confiables.

Por ello, la Comisión Nacional que encabezo celebra que esta jornada de trabajo interdisciplinario contribuya a visibilizar el fenómeno, puliendo enfoques y parámetros para tipificar, sancionar y atender de mejor manera a las víctimas de trata, delito que constituye uno de los rostros más espantosos de la violencia contra las mujeres.

Es preciso reconocer que, aunque hemos avanzado, las mujeres mexicanas seguimos ocupando una amplia posición de desventaja, tanto jurídica como socialmente, ante la violencia de género.

Durante el pasado diciembre, en esta honorable Cámara de Diputados, la Comisión que dirijo convocó a un Foro Nacional donde presentó un completo análisis de la legislación, y una propuesta de armonización desde la perspectiva de género, identificando aquellas normas jurídicas que justifican o reproducen las desigualdades, e impiden a las mujeres la garantía de sus derechos y el acceso a la justicia.

El paquete de reformas que propusimos hace un mes, consideró la revisión de 33 códigos penales; de 33 códigos de procedimientos penales, de diversas legislaciones de trata de personas y legislaciones de víctimas, así como 70 ordenamientos con 2 mil 583 reformas a todas las legislaciones penales mexicanas. Todo ello representó un enorme esfuerzo.

Dicho Foro fue apenas el primer paso de una larga y, espero, fructífera actividad. Para este 2011, nos hemos propuesto acercarnos a todos y cada uno de los Congresos de los estados y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para impulsar la incorporación de figuras jurídicas que reconozcan y garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

Para esta Comisión Nacional, el gobierno, sus instituciones y la sociedad tenemos la obligación de impulsar leyes que no sólo tipifiquen el delito, sino que también adopten un enfoque preventivo y de atención integral respecto a las personas que lo han sufrido.

Tanto el sistema de procuración y administración de justicia, como la sociedad y sus organizaciones estamos frente a un desafío de grandes proporciones.
Es un hecho que las mujeres y las niñas víctimas de trata presentan características particulares.

Las condiciones en que viven el delito, acrecientan el impacto del daño: solas, secuestradas, con frecuencia forzadas a usar drogas para prostituirse o para trabajar hasta la extenuación, las víctimas consuman el abandono de sí mismas.

Quienes logran escapar de las garras de sus captores, se convierten en sus potenciales blancos de venganza. Ellas, e incluso sus familiares, continúan viviendo en el terror de que, en cualquier momento, puedan sufrir una nueva violencia en su contra.

Reconocer este contexto, nos obliga a aplicar un enfoque holístico en las tareas destinadas a prevenir el delito, a detectarlo, y también en aquellas actividades que proporcionen a las víctimas una verdadera protección y acceso a la justicia.

La Comisión Nacional ha desarrollado un modelo integral de acceso a la justicia, que contempla la atención a las mujeres y niñas víctimas de trata.

Muy pronto, en Ciudad Juárez, en La Montaña de Guerrero ─concretamente en Tlapa─, y en la capital de Campeche, abrirán sus puertas los primeros Centros de Justicia para las Mujeres en México. Seis Centros más están en proceso de creación para este año.

Allí, bien asesoradas por personal respetuoso y sensible, las mujeres víctimas de violencia que deseen denunciar y obtener justicia, encontrarán bajo un mismo techo todos los servicios y apoyos que requieren, pues el modelo focaliza su atención en que la mujer violentada obtenga justicia y bienestar integral.

En estos Centros se podrá denunciar el delito de trata y ahí mismo, de manera inmediata, el agente del Ministerio Público tendrá que abrir una averiguación previa y poner en marcha la investigación de los hechos.

Aquí quiero señalar algo prioritario: México necesita formar más y mejores agentes del MP especialistas en el tema de trata.

Sólo con mejores herramientas teóricas y prácticas podrán realizar investigaciones efectivas. Sólo con una adecuada capacitación y sensibilización de género, los Ministerios Públicos podrán atender eficazmente a las víctimas de este terrible delito.

Para esta Comisión, resulta de la mayor importancia el acceso de las víctimas a una justicia integral que no sólo castigue a los tratantes, sino que les provea una digna reparación del daño ─en la medida de todo lo posible─, ofreciéndoles recursos y herramientas para reconstruir sus vidas y salir de la condición de víctimas eternas.

A las denunciantes que valoren un potencial peligro en el hecho de regresar a sus hogares o sitios de procedencia, el personal del Centro de Justicia para las Mujeres las canalizará a refugios adecuados a su situación.

Así, creemos que podemos cerrar la pinza de la justicia, pues las mujeres no quedan en estado de indefensión mientras el proceso legal ocurre, y pueden reordenar sus prioridades y darle un nuevo sentido a su vida, ya libres de la violencia de la que fueron objeto.

Finalmente, quisiera recordar junto con ustedes algo que no debemos olvidar: no es suficiente promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. El cambio que necesitamos también debe reducir las posibilidades de que las mujeres vivan violencia.

Estamos conscientes de que, paralelamente a la nueva institucionalidad para prevenir, atender y castigar la violencia, es prioritario incidir en el ámbito donde se gesta, es decir: en la cultura, visibilizando los estereotipos de género.

En este sentido, la Comisión se ha propuesto aportar su esfuerzo para visibilizar la normalización de la violencia en la sociedad mediante una campaña de sensibilización nacional, en radio, televisión, internet, y carteles en sitios públicos, que alertan sobre la violencia que se expresa en los estereotipos.

“Visibilizar para prevenir”, es uno de los principios en que esta Comisión basa la primera fase de la campaña, dirigida a generar un cambio que empieza por reconocer cómo tenemos a la violencia siempre al lado: en el comentario, en el chiste, en las actitudes, en la ofensa, en los gestos discriminatorios hacia las mujeres.

Hablo de esa violencia que vivimos a diario y que, por eso mismo, ya no nos resulta tan significativa. Pero, precisamente, sobre esas expresiones agresivas crecen las violencias más severas.

Favorecer la erradicación de la violencia de género mediante su visibilización, fortalece el respeto a la dignidad de las mujeres. En esta tarea, los medios de comunicación masiva tienen un papel importantísimo.

Estoy convencida de que la industria de la comunicación masiva debe sumarse, con una clara ética social, a la construcción de un México libre de violencia contra las mujeres.

El compromiso con las personas víctimas de violencia, sea cual sea la modalidad, debe ser de todas y todos:

Desde el fotógrafo que ─otorgándose la estatura moral que merece─ se niega a captar imágenes degradantes de las mujeres víctimas, hasta la editora o el editor que privilegie, por encima de los contenidos sensacionalistas, aquellos que promueven la igualdad y la no discriminación entre sexos.

El compromiso de las y los comunicadores debería ser la información y el seguimiento profesional de hechos de violencia reportados por mujeres, sin agregarle prejuicios ni interpretaciones que criminalizan a las víctimas.

Desde luego, el compromiso para lograr el cambio que las mexicanas necesitamos también es de la sociedad.

Hablo de hombres y mujeres de todas las edades que, ante denuncias de violencia sexual, por ejemplo, con extraordinaria ligereza se apresuran a culpabilizar a la víctima porque, dicen, “andaba tarde en la calle”, porque “no era virgen”, porque “se lo buscó”, dicen, justificando implícitamente al violador y revictimizando a la mujer que se atrevió a denunciar.

Precisamente esta postura, esta actitud prejuiciada, es parte de la impunidad social que mencioné al principio de mi intervención: el ofensor, el violador, el agresor de mujeres y menores de edad se siente cobijado por una sociedad que no sólo hace “la vista gorda” ante sus hechos, sino que además lo justifica.

La impunidad social, repito, es un elemento fundamental de la trata de personas.

En nuestra sociedad, existen muchas actividades en donde la oferta y el uso de niñas y mujeres como objetos sexuales se ha naturalizado, es decir: se ha hecho normal. Es por eso que ni sus promotores ni sus consumidores reciben sanción por parte de su misma comunidad, por parte de las personas con quienes conviven.

Muchas de esas jovencitas abierta o veladamente comercializadas como objetos sexuales en anuncios publicitarios, en establecimientos nocturnos, en sitios de diversión, muchas de ellas esconden pavorosas historias de abuso, de secuestro, de trata; historias que los usuarios, los varones consumidores de esos servicios, no pueden obviar: no deben obviar.

La Comisión a mi cargo considera que debe existir también una sanción social para quienes, desde algún eslabón de la cadena, alimentan la economía que promueve y usa a las mujeres como objetos sexuales.

Estoy convencida de que la responsabilidad de los consumidores es absolutamente insoslayable.

También es innegable la responsabilidad social de los medios de comunicación masiva.

Tenemos que recordar una y otra vez que la gente no está al servicio de los medios: son estos quienes están al servicio de la sociedad. Así, el buen o mal servicio que prestan, no debe medirse por el raiting, sino por el aumento de la calidad de vida de las sociedades a las que sirven.

Por ello ─y aquí termino─ la Comisión Nacional a mi cargo considera que todas las personas involucradas en el diseño, en la producción y en la difusión masiva de los contenidos que informan y forman a la sociedad, tienen una alta responsabilidad, un enorme compromiso con el respeto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, cualquiera sea su condición y posición social.

Sea, pues, bienvenida su contribución a la honrosa tarea de prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres mexicanas.

Muchas gracias.